Ayer domingo, en el apartado Sociedad, el periódico EL PAÍS recoge un artículo que estremece “Según el Consejo General del Poder Judicial,
las ejecuciones hipotecarias, que en 2008 sumaron 58.000, y en 2009, 114.000, superarán este año las 180.000. Eso significa que en estos tres últimos años 350.000 propietarios, familias en su gran mayoría, han perdido o van a perder sus casas y que cada día que pasa medio millar más se queda sin vivienda. Súmense a estos insolventes los casos de familiares y amigos que avalaron los créditos, y que ahora corren el riesgo de que les embarguen sus propias casas, y se entenderá por qué parte de la sociedad española siente que el suelo tiembla bajo sus pies, teme precipitarse al vacío de la miseria y la exclusión”.
¿Nos acostumbramos a todo? A mí, particularmente, se me pone el cuerpo malo pensando en la cantidad de familias que se encuentran en la miseria por la falta de trabajo, por la crisis y que son echadas a la calle por no poder pagar la hipoteca.
Por contra, a diario vemos como, en cualquier evento que se celebra, son miles de euros los que se gastan en cualquier tipo de publicidad, en carteles, en miles de cosas absurdas. ¿Es una utopía pensar que desde todas las Administraciones se podrían arañar algunos euros, evitar tanta parafernalia y reunirlos para ayudar a tantas familias que se ven abocadas a vivir hacinadas o en la calle?
Estoy convencida que en muchos de los préstamos hipotecarios que se dieron, el director de la Sucursal que tramitó la concesión del préstamo, pensaría: “Veremos a ver esta operación”. ¿No tienen ninguna responsabilidad las entidades bancarias que han dado los préstamos, en muchas ocasiones, sin el rigor exigible? ¿No tiene ninguna responsabilidad la Administración en su falta de previsión y de límites?
Vamos a ver un supuesto, un Banco dio una hipoteca de 220.000€, de la que queda un capital pendiente de 205.000€, desahucia y un tercero se adjudica en subasta el piso por 140.000€; luego esta familia, ya sin vivienda, sigue debiendo al Banco 65.000€ más costas, cantidad que prácticamente el Banco asume que tiene que dar por perdida ¿o quizá debería decir “menos beneficio”? ¿No puede traducirse dicha “pérdida” en un interés bonificado durante un par de años, o que en parte fuera asumido por el Estado, como forma de hacer posible que la vivienda pueda seguir siendo utilizada por los propietarios? ¿no cabe la posibilidad de una carencia por cuenta de esa pérdida que va a tener que asumir la entidad si procede al desahucio? “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”, dice el artículo 47 de la Constitución. Supongo que en ese par de años la situación económica empezará a revertir y los miembros de estas familias podrán encontrar trabajo con el que de nuevo afrontar, aunque sea a duras penas, los pagos de su hipoteca.
Me consta que en el año 2007 personas sin escrúpulos comentaban que el mejor momento para invertir iba a ser éste, cuando se rompiera la burbuja y en subasta pudieran adjudicarse viviendas por “tres pesetas”. ¿Cuántos sin escrúpulos se irán a convertir en nuevos ricos aprovechando esta situación? ¡Y están “en su derecho”!
Confío, y los menciono con punto y aparte para distinguirlos de aquéllos a los que me refería en el párrafo anterior, en que haya personas bien acomodadas de buena voluntad que estén buscando dónde ayudar, que esperen para el cobro de sus rentas sin proceder al desahucio y, en definitiva, sean los responsables de que algunas familias puedan llegar a superar estos difíciles tiempos. ¿Qué mayor satisfacción que ésta se puede tener en la vida?
Y esto, como todo, pasará y unos cuántos serán más ricos y otros cuántos serán más pobres. ¡Qué triste!
Carmen Miranda
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